En 1947 se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, a partir del cual se creaban los colegios provinciales y se establecía  la colegiación obligatoria. Uno de los  capítulos estaba dedicado a la Mutualidad de Procuradores, cuya función sería proporcionar a los procuradores y a sus familiares los subsidios, ayudas y pensiones, así como cumplir aquellos otros fines benéficos que se establezcan.